Cuarta parte
De acuerdo al INEGI, más de 290 mil hidalguenses se encuentran en el sector informal. ¿La razón? Una estado de derecho frágil, así como una economía débil que no tiene la capacidad de generar el empleo formal y bien remunerado que se requiere.
Si cerca del 30% de la población económicamente activa del estado se encuentra en el sector informal, asumiendo que estos fueran jefes de familia, esto implicaría que un importante número de familias en nuestro estado se ubicarían en la categoría de “desprotegidos” de acuerdo al Banco Mundial.
Esta situación, como lo menciona la Organización Internacional del Trabajo, tiene consecuencias negativas tanto para los trabajadores como para el Estado. Por una parte, los trabajadores no pueden beneficiarse de leyes y protección laboral. Asimismo, si no tienen derechos de propiedad generados por su trabajo, no puedan tener acceso a generar un capital, por ejemplo, a través de una vivienda, y utilizarlo como aval para préstamos o inversiones. Por otra parte, la “normatividad extralegal” socava las instituciones legales y hace proclive la situación a la corrupción. En consecuencia, se produce baja productividad, inversión, eficiencia, se rezaga la economía y se empobrecen las familias.
¿Le suena familiar esta historia?
En las últimas semanas hemos hablado sobre la importancia de poner en claro los problemas que tiene Hidalgo, con el objetivo de que la próxima administración del gobierno del estado, se fije metas concretas que mejoren la calidad de vida de las familias hidalguenses.
En este sentido, se requiere generar empleo formal y bien remunerado. Para ello, la próxima administración tendrá que eliminar los obstáculos que podrían estar generando esta situación.
De acuerdo a diversos economistas, cuatro son los factores que contribuyen a la generación del empleo informal. Primero, la falta de normas claras y adecuadas, así como instituciones que resguarden los derechos de propiedad.
Es decir, si las normas y las instituciones no protegen a los individuos y sus propiedades, pocas personas estarían dispuestas a invertir su capital, a sabiendas de que el riesgo de perderlo es alto.
Sobre este aspecto, Hidalgo tiene una tarea pendiente.
De acuerdo al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C., en 2009 aproximadamente el 45% de los hidalguenses mayores de 18 años sentían que la entidad es insegura. Sobre este mismo grupo, mientras en 2008 4% fueron víctimas de un delito, en 2009 esta cifra se incrementó a 8%. De esta forma, Hidalgo fue uno de los 10 estados del país en donde este indicador aumentó. Con relación a los delitos a mano armada, de 2007 a 2008 estos pasaron de un 20% a un 23%.
Si bien estas cifras resultan preocupantes, más alarmante resulta el hecho de que las instituciones encargadas de impartir justicia no faciliten la denuncia de los delitos. De acuerdo a la misma organización, en Hidalgo no se denunciaron el 80% de los delitos cometidos. Sobre este universo, a nivel nacional, un 35% no lo denunció por considerar el proceso “una pérdida de tiempo” (poca efectividad de la justicia) y un 18% por desconfianza de la autoridad. Tristemente estas cifras se retroalimentan con el lamentable hecho de que una tercera parte de las personas que denunciaron no vieron resultado alguno.
La próxima semana seguiremos con el tema.
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